Organizaciones de víctimas piden que se investiguen crímenes de Estado
En una misiva dirigida a la Comisión de la Verdad las víctimas le recuerdan que aun hay preguntas sin responder que son indispensables para el camino de la reconciliación.
82.998 personas en Colombia siguen desaparecidas sin que se conozcan las razones o los responsables detrás de miles de estos casos. Sus familias siguen reclamando respuestas.
Ante las cifras alarmantes denunciadas tanto por colombianos alcanzados por el conflicto como por entidades extranjeras, más de 50 organizaciones de víctimas entregaron una carta al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, en la que le piden acciones que conduzcan a las anheladas respuestas.
Dignidad de las víctimas
En el marco de la celebración del día internacional de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado, la carta firmada por 57 organizaciones de víctimas reitera la solicitud de que se investiguen y aclaren los casos de violencia que no solo fueron protagonizados por guerrillas y paramilitares, sino por agentes del Estado que siguen sin ser juzgados.
"Hoy, una década después, creemos y confiamos en que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición no solo va a reconocer a esos miles de víctimas, sino que les explicará a ellas y al país entero las razones y los responsables que decidieron asesinar, desaparecer, torturar, desplazar y/o forzar al exilio a miles de ciudadanos por acción u omisión del Estado" afirma la carta entregada al padre Roux.
En el documento se explica la preocupación pues de 82.998 personas desaparecidas en el país solo se tiene información de 42.471 personas.
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Los firmantes incluyen colombianos y personas de toda Latinoamérica que desde hace 10 años conforman una unidad que reclama especialmente por las víctimas de manos del Estado. En la carta se citan los casos de 11.751 víctimas que según el Centro Nacional de Memoria Histórica, se dieron entre 1980 y 2012 en Colombia en 1.982 masacres:
"De esas masacres, 1.636 fueron cometidas por grupos paramilitares con el auspicio, complicidad, anuencia y silencio cómplice de las fuerzas militares. De estas, 171 masacres fueron cometidas directamente por la Fuerza Pública con 968 víctimas" explican las organizaciones firmantes.
La carta también anota que durante los últimos 15 años en Colombia cada 18 horas se dieron ejecuciones extrajudiciales que se deben aclarar.
Cifras mundiales
Entidades como Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) afirman que durante los últimos 15 años se registraron 7.039 ejecuciones extrajudiciales en el país, en estos datos se apoyan los grupos de víctimas que a diario conviven con preguntas como "¿por qué? Y ¿quién?"
"¿Quiénes han impedido que se conozca el paradero de nuestros familiares? De los casos que se tiene información, los grupos paramilitares y sus grupos posdesmovilizados, y la Fuerza Pública desaparecieron a más de 32.110 personas, lo que representa el 75,6% de los casos. ¿Por qué se los/as llevaron?" pregunta la carta firmada también por dos senadores de la República.
Sumadas a las víctimas de desapariciones están las afectadas por el desplazamiento que ahora piden saber quiénes estuvieron detrás de los planes que los llevaron a salir del país, y quiénes resultaron beneficiados al adueñarse de las tierras que aun no han podido reclamar como suyas:
"Ya sabemos las cifras y estamos convencidos/as que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿por qué?, ¿quiénes lo ordenaron?, ¿Qué querían? Es por eso que hoy, con motivo del día internacional de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado, nos dirigimos a ustedes, para manifestarles nuestro apoyo y compromiso con la verdad, pero también para decirles que esperamos que en tres años, el país entero conozca esa verdad que se ha querido ocultar y disfrazar, pero que está ahí, y no se puede seguir negando"
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En la misiva se afirma que se debe recordar que la verdad integral es necesaria para alcanzar el camino de la reconciliación, así como también se exige que como garantía de no repetición exista respeto y satisfacción de los derechos de las víctimas de la violencia estatal.